En la II Cumbre Nacional de Mujeres y Paz se crearon estrategias de trabajo para disminuir la impunidad en crímenes contra las mujeres, promover la participación política, asegurar la tenencia de la tierra y hacer una pedagogía efectiva de los acuerdos.
Hacer reformas legislativas para garantizar la participación equitativa de mujeres en la política, crear infraestructura para atender a las víctimas de violencia de género, fortalecer la comisión de la verdad y garantizar el acceso a la propiedad rural. Esas son solo algunas de las propuestas que las 500 mujeres representantes de organizaciones de todo el país dieron a conocer en la II Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, realizada en Bogotá entre el 19 y el 21 de septiembre.
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Este encuentro es el resultado de décadas de trabajo. Desde 1990 con la desmovilización de M-19 y el auge de la violencia paramilitar, las organizaciones de víctimas lideradas por mujeres empezaron a cobrar relevancia nacional. Este movimiento desembocó en la primera cumbre que se hizo en octubre de 2013. En esa ocasión el lema fue “queremos pactar y no ser pactadas” y con esa idea le exigieron al Gobierno nacional asignar dos plenipotenciarias que impulsaran la agenda de las mujeres. El resultado fue óptimo: lograron añadir el enfoque de género a todos los puntos del acuerdo de paz. “Ahora nos alistamos para la implementación de lo acordado. Queremos plantearnos como movimiento de cara a esta oportunidad que se nos abre”, dice Emilia Salamanca, líder del grupo Mujer, paz y seguridad y una de las voceras de la cumbre.